El director general de infraestructuras, José Luis Andrade se reúne con los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Transporte, Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo Rural

El director general de Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis Andrade ha presentado hoy  a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, Transporte, Urbanismo, Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Federación la nueva Ley de Carreteras que prepara el gobierno regional y los artículos de la misma que afectan más directamente a los ayuntamientos de la región. A la reunión también ha asistido el secretario general de la Federación Miguel Ruíz Martínez.

La FEMPEX respalda la LOTUS porque responde a las demandas de los municipios y de los ciudadanos

 Según el presidente, Francisco Buenavista viene a dinamizar iniciativas económicas o urbanísticas sin penalizar el crecimiento en los pequeños municipios y a luchar contra la despoblación.

El presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Francisco Buenavista García ha dado hoy su “total respaldo” al proyecto de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS). Una norma ha dicho, “adaptada a las necesidades de los Ayuntamientos, y que viene a dinamizar iniciativas económicas o urbanísticas sin penalizar el crecimiento en nuestros pequeños municipios”.

Así lo ha expuesto durante su comparecencia en Comisión parlamentaria dentro del periodo informativo del Proyecto de Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (LOTUS).

Según el presidente de la FEMPEX, las leyes del suelo pueden ser herramientas muy importantes para la dinamización de la economía y por tanto instrumentos generadores de empleo. Y en este sentido ha dicho que está convencido de que la LOTUS puede “ayudarnos” a luchar contra el despoblamiento, uno de los principales problemas de los municipios de Extremadura.

Entre los aspectos a destacar de la norma ha puesto en valor asuntos como la adaptación de los requisitos para edificar en suelo no urbanizable, una interpretación más racional y abierta de los usos que pueden desarrollarse en suelo rústico, modificaciones en las cesiones obligatorias de suelo urbano empleando indicadores de sostenibilidad como baremo para calcular las necesidades reales de dotación, un contenido adaptado a los pequeños municipios y tener más en cuenta las competencias municipales, entre otros.

El presidente ha destacado además como muy positivo el proceso de elaboración participativo de esta Ley. “Entendemos que una norma de este calado debe ser diseñada atendiendo y cohesionando a toda la sociedad y reflejando los distintos intereses, entre ellos los del municipalismo extremeño”. Por ello, los Ayuntamientos desde el primer momento, a través de la Federación y mediante encuestas,  han planteado unas 500 sugerencias, gran parte de las cuales se han incorporado a la Propuesta de Ley.

EDIFICAR EN SUELO NO URBANIZABLE

Entre las cuestiones planteadas desde el mundo local y a las cuales la LOTUS pretende dar solución está por ejemplo el asunto de las edificaciones en suelo no urbanizable. Los requisitos para edificar en suelo rústico establecidos en la misma pueden ser adaptados, e incluso reducidos, por el planeamiento territorial, adaptándolo a las características de cada comarca. Así, las exigencias se adaptarán a las condiciones de cada territorio. Y no como en la vigente Ley del suelo que establece una superficie mínima común para   todo el territorio autonómico.

No podemos olvidar, ha señalado Buenavista que la realidad territorial es “muy variada, con notables diferencias entre municipios de sierra, de vega y de campiña/secano”. “Esto provoca frecuentemente que iniciativas para implantar actividades económicas en nuestros municipios, se vean dificultadas por la imposibilidad física de encontrar parcelas con características adecuadas donde poder ubicarlas”. ”Iniciativas que los alcaldes estamos recibiendo y que la actual norma frena”, ha destacado.

La LOTUS también aporta una interpretación “más racional” y “abierta” de los usos que pueden desarrollarse en el suelo rústico donde puedan implantarse actividades económicas que faciliten el desarrollo rural, generen empleo y frenen la emigración.

Así, y partiendo de una nueva concepción del uso del suelo rural, “se abre la mano”, ha destacado Buenavista, a usos vinculados al territorio, que generan riqueza colectiva y que sean compatibles con nuestra huella ecológica positiva, como lo son los montes de utilidad pública, actividades deportivas al aire libre, formación, turismo rural, hostelería, energías renovables, usos asociados a la economía verde y circular, etc.

Esto se contrapone, ha dicho en su comparecencia, con lo recogido en la vigente Ley del Suelo donde las actividades que pueden desarrollarse en el suelo no urbanizable “están rígidamente limitadas”. Teniendo como consecuencia inmediata, “la imposibilidad de desarrollar iniciativas, tanto agroindustriales como productivas y recreativas, que inciden una vez más, en imposibilitar el desarrollo sostenible de nuestros municipios”.

Nosotros entendemos, ha dicho, “que todos estos usos deben encontrar el necesario acomodo en nuestro suelo rural, y deben ser permitidos, siempre que no requieran autorización o comunicación ambiental autonómica o se encuentren en suelo protegido.

CESIONES ZONAS VERDES Y USO DOTACIONAL

Los responsables municipales han venido manifestando que el procedimiento de desarrollo de suelos ha sido excesivamente complejo, largo y costoso por lo que en la práctica, muchas veces resulta inviable. Y donde la carga de cesiones obligatorias para zonas verdes y dotaciones, los costes excesivos y la compleja tramitación, “hacen fracasar la mayor parte de los intentos de creación de nuevos suelos”.

En el Proyecto LOTUS, y respecto a las cesiones obligatorias, se incorpora el uso de los indicadores de sostenibilidad, como baremo para calcular las necesidades reales de dotación, estableciendo una relación coherente entre “las necesidades locales del municipio” y “las cargas que deben soportar los desarrollos de suelo”.

La LSOTEX ha recordado trabaja con herramientas de gestión adecuadas para el desarrollo de nuevo suelo urbano siempre que concurran las circunstancias habituales de grandes ciudades, pero en Extremadura el 90% de los municipios es menor de 2.000 habitantes, con poca actividad inmobiliaria y donde la carga de cesiones obligatorias para zonas verdes y dotaciones, los costes excesivos y la compleja tramitación, “hacen fracasar la mayor parte de los intentos de creación de nuevos suelos”.

Y unido a lo anterior, desde la Federación se valora también especialmente que el contenido general de la Ley se adapte a las características de pequeños municipios. “Porque un urbanismo tan tecnificado y exigente en procedimientos como el que subyace en la LSOTEX resulta de difícil cumplimiento y aplicación”.

Buenavista ha puesto como ejemplo la promoción de un conjunto de 80 viviendas unifamiliares en Badajoz por parte de un agente urbanizador y la promoción en un municipio pequeño donde se construirán dos viviendas unifamiliares, a cargo de los herederos del antiguo propietario de una huerta periurbana. En ambos casos, ha dicho, los procedimientos de tramitación, los requisitos documentales, las cargas y cesiones, no deberían ser cualitativamente similares.

Esto cambia en el Proyecto LOTUS, donde se trabaja con un planteamiento inverso. “Se legisla para lo que constituye la generalidad, los pequeños municipios, y se establece como excepcional, aunque no menos importante el caso de los municipios mayores”. Así se establece una distinción sustancial entre los núcleos base del sistema territorial (todos los menores de 5000 habitantes, y por tanto la mayoría de nuestra región) y los núcleos de relevancia (el resto). “Adaptando herramientas de desarrollo y requisitos a las características de unos y otros”.

También se apuesta por la simplificación administrativa, avances, que en coherencia con otras iniciativas, como la reciente Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura, harán del urbanismo “una materia más asequible a gran parte de nuestros ayuntamientos y a la ciudadanía”.

COMPETENCIAS MUNICIPALES

Los ayuntamientos de la región a pesar de ser la primera referencia urbanística que tienen los habitantes de nuestros municipios y los protagonistas de la aplicación y gestión del planeamiento urbanístico, carecen de competencias para ciertas modificaciones de la normativa, en cuestiones de estricto efecto local o para facilitar licencias en usos no agropecuarios. La consecuencia directa es que cualquier ligera modificación se somete a largos y complejos trámites autonómicos.

En este aspecto, hay que destacar que en el Proyecto LOTUS, el Plan general municipal se desdobla en dos documentos complementarios, que respectivamente atañen a los campos de competencias autonómico (estructural) y municipal (detallado). De tal modo que se fomenta una integración dinámica, con una más amplia libertad de actuación municipal.

Así mismo, los cambios propuestos en el sistema de autorizaciones en suelo rústico, dotan a los ayuntamientos de la responsabilidad de autorizar un mayor número de actividades en suelo rústico, siempre que cuenten con el apoyo de las necesarias oficinas técnicas y posean un planeamiento adecuado. Además se da respuesta a una demanda de los municipios dando mayores competencias a las Oficinas Técnicas Urbanísticas Supramunicipales (OTUS) que podrán asesorar entre otras cuestiones para otorgar calificaciones rústicas y que “suponen un auxilio fundamental para los ayuntamientos”.

También el municipalismo da la bienvenida a la reestructuración del conjunto de procedimientos de control urbanístico, se coordina con el control ambiental y además se extiende el plazo máximo para la respuesta municipal, en consonancia con el resto de legislaciones autonómicas, adoptando una extensión más realista.

Y es que los consistorios, ha destacado el presidente, muestran frecuentemente su preocupación por la compleja y en ocasiones confusa regulación de los procesos de autorizaciones: licencias de obra, licencias de actividad o uso, comunicaciones previas, etc.

Ayudas para financiar proyectos generadores de empleo y afrontar la pérdida de población

Se destinan un total de 80 millones de euros.

 El Boletín Oficial del Estado número 242, del sábado 6 de octubre publica Real Decreto 1234/2018, de 5 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones a entidades locales para la financiación de proyectos de empleo, autoempleo y emprendimiento colectivo, dirigidos a afrontar el reto demográfico en los municipios de menor población, en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social Europeo (ayudas EMP-POEJ).


Las entidades que pueden solicitar estas ayudas son: Ayuntamientos de municipios con población igual o inferior a los 10.000 habitantes que hayan perdido población en los últimos 10 años, fuera de las grandes áreas urbanas; Diputaciones Provinciales y Forales, Cabildos y Consejos Insulares o Consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios, así como organismos autónomos vinculados o dependientes de las entidades locales citadas.

Los destinatarios finales de las actividades subvencionadas serán personas jóvenes, mayores de 16 años y menores de 30 años inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que residen en los municipios objeto de esta convocatoria.

Las subvenciones reguladas por este Real Decreto podrán solicitarse transcurridos tres meses de su publicación en el BOE.

La FEMPEX valora positivamente que una Ley autonómica aglutine toda la normativa sobre contratación pública.

Aportará más transparencia y ayudará a mejorar la manera de gestionar los contratos.

El secretario general de la FEMPEX, Miguel Ruiz ha señalado hoy que la institución valora positivamente que la región vaya a dotarse de una Ley autonómica que unifique toda la normativa sobre contratación pública.  Así lo ha dicho durante su comparecencia en Comisión parlamentaria para valorar la PROPUESTA DE LEY (PRL-31), de contratación pública socialmente responsable de Extremadura.

Según Ruíz la norma es especialmente importante en unos momentos en los que los representantes municipales de toda España viven cierta dificultad en la aplicación y gestión práctica de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Una norma que  a su juicio “está generando no pocas tensiones en nuestras estructuras administrativas que no estaban preparadas, para asumir, en tan breve espacio de tiempo todas las novedades que este nuevo proceso conlleva”.

Además sostiene que en estos momentos se hace necesaria una contratación pública transparente y que penalice las malas prácticas empresariales en las que primaba más el plano económico en beneficio de consideraciones de carácter laboral, social, ambiental o de igualdad de género,  ahora estaban en un segundo plano. Planteamientos que afortunadamente con esta ley van a cambiar

"El precio no puede ser el único criterio de adjudicación", y por ello para la FEMPEX es motivo de alegría que en la contratación pública se puedan incorporar otros criterios.   “La contratación pública no puede, ni debe, en una región como la nuestra, quedarse al margen en la ejecución de políticas de carácter social y ambiental”, sostiene el secretario general.

Creemos ha dicho Ruíz que este proyecto normativo aportará una mayor transparencia en la contratación pública y ayudará en una gestión más eficiente de todos los factores que influyen en la misma. 

También abre nuevas vías para relacionarse con las empresas interesadas, pues prevé la posibilidad de realizar consultas preliminares del mercado, con la finalidad de llegar a la solución más adecuada para adquirir obras, bienes y servicios, constituyendo además un mecanismo eficiente para informar a los operadores económicos de las licitaciones previstas, lo cual es especialmente ventajoso para las PYMEs que de esta forma disponen de mayor plazo para prepararse de cara a las mismas. 

“Esta cuestión puede ayudar a mantener un sector empresarial endógeno de pequeñas empresas y proveedores, muy necesitado de las licitaciones locales para mantener su actividad”.

 En definitiva, a juicio de la Federación la propuesta de Ley aporta ventajas innegables y ayudará a mejorar manera de gestionar los contratos.

 NECESIDAD DE COOPERACIÓN Y FORMACIÓN

Por otra parte, desde la FEMPEX se ha incidido en la necesidad de articular en la norma herramientas que permitan y posibiliten una cooperación real y efectiva entre administraciones públicas extremeñas en el desarrollo esta futura ley.

Además ha planteado la oportunidad de diseñar un plan de formación riguroso dirigido al personal que presta sus servicios en las áreas de contratación pública. “Muchos de nuestros ayuntamientos son pequeños, con pocos recursos humanos especializados y es necesario implementar acciones de apoyo, asesoramiento e información para estos empleados y empleadas”.

Para ello señala que tanto las Diputaciones Provinciales, la Junta y la FEMPEX deberían establecer un plan de trabajo compartido que permitiera unificar recursos y actividades para atender esta demanda de muchos consistorios.

Jornadas técnicas sobre la tramitación de Planes de retirada de materiales con amianto

La Junta de Extremadura a través de la Dirección general de Trabajo y del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA), en colaboración con la FEMPEX, organiza unas jornadas técnicas con dos ediciones, una en Badajoz y otra en Cáceres, sobre la tramitación de Planes de retirada de materiales con amianto.

La actividad se desarrollará el martes 23 de octubre en Badajoz, (Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral, Polígono El Nevero. Avda. Miguel de Fabra, 4) y el jueves 25 de octubre, en Cáceres, (Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral, Polígono Las Capellanías. Calle Hilanderas, 15 - Cáceres). El horario será de 9:30 a 14:00 horas.

El programa diseñado aborda asuntos como los Planes de trabajo para la retirada del amianto, la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en los trabajos con riesgo por amianto y planes de trabajo para la retirada de amianto: contenido y guía para su elaboración. También se hablará de la Tramitación de planes de trabajo: Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA) y la tramitación administrativa necesaria para la aprobación de planes de trabajo de retirada de materiales con amianto.
Aforo limitado.

Se incluyen enlaces para realizar inscripción ONLINE

Enlace Badajoz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf50Ys2OgQ-wLvkYDEmsMBv4QeR4fERq_eXmI8cB4qvuY4xnA/viewform
 
Enlace Cáceres:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4gJjVND1YRQc_9Lp1ifPgVC-rIUs4KK7B6qEnPNYr9YzMCg/viewform

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