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La presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Valls, participa en el Acto de Conmemoración de la Adhesión de España a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad

Se ha dado lectura a diez peticiones/propuestas/reivindicaciones dirigidas a los Ayuntamientos de Extremadura. La Federación las trasladará a los Ayuntamientos.
 
La presidenta de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Federación y alcaldesa Ayuntamiento de Cabeza del Buey, Ana Valls, ha participado en el Acto de Conmemoración de la Adhesión de España a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrado en el Ayuntamiento de Mérida.
En el transcurso del mismo, diez mujeres en representación de las entidades que forman parte de CERMI Extremadura han dado lectura a diez peticiones/propuestas/reivindicaciones dirigidas a los Ayuntamientos de Extremadura.
Durante su intervención, Ana Valls ha repasado los proyectos e iniciativas impulsadas por la Federación en el ámbito de la discapacidad y ha destacado la sensibilidad de nuestra institución con sus necesidades.
 
Igualmente ha señalado que aunque se ha avanzado mucho en accesibilidad y en integración, "queremos conocer qué retos aún no hemos alcanzado como administración más cercana a la ciudadanía". Por ello se ha puesto a disposición del CERMI y de las entidades que lo componen para recoger sus sugerencias y reflexiones y de inmediato trasladarlas a nuestros ayuntamientos.
 

Cermi Extremadura celebra todos los años el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que
se celebra cada 3 de mayo desde que fuera establecido oficialmente por el Consejo de Ministros en 2019 a propuesta del propio CERMI. El objetivo es
conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el
fenómeno de la discapacidad, según ha explicado el Ejecutivo.
La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Este tratado supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo y considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, mientras que el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.

“Si la información y el conocimiento son centrales para la democracia, son condiciones para el desarrollo”

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